Hoy, 29 de mayo, mientras desayunábamos, nos hemos enterado por “Nevasport”, de la “Movilización a favor de la telecabina Astún-Candanchú”, y, por Heraldo de Aragón, de que “Recogen firmas en apoyo de la telecabina Astún-Candanchú tras la demanda judicial” en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.
El texto que resume el primer artículo es preocupante en todos los aspectos, pero sobre todo por su sanidad democrática: “La montaña a favor del progreso alza su voz para defender sus intereses. Respuesta ciudadana al recurso admitido hace unos días por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en contra de la telecabina de Astún-Candanchú”.
¿Qué es la montaña? ¿Somos los miles de personas que nos manifestamos en Jaca por la Dignidad de la Montaña el pasado 25 de octubre de 2025, o quienes han hecho el comunicado que sirve de base a ambos artículos: “El Pirineo Aragonés necesita futuro”, y no firma nadie?
¿Los intereses de quién? ¿Los públicos o los de empresas privadas con ánimo de lucro?
La respuesta a un recurso judicial no se hace recogiendo firmas, sino como parte interesada en el procedimiento judicial. Si la situación es como se expresa, podríamos estar ante un caso de presión a la justicia, lo cual no debe admitirse por los principios básicos de un estado de derecho.
La citada conexión entre Astún y Candanchú no tiene nada que ver con lo que propugnan y explican en ese “comunicado”. Como hemos explicado muchas veces, se desarrolla en montes de utilidad pública (MUPs) mediante concesiones administrativas de ocupación que nacieron en la dictadura con dinero público. Entre todos estamos financiando y pagando los proyectos, las gestiones, la ejecución de los accesos y de los servicios (incluso la depuración de aguas), los sistemas antialudes, los aparcamientos, las redes de comunicaciones, los telesillas, las telecabinas, la digitalización, etc. Son muchos millones de euros, y hemos solicitado las cuentas, pero no hemos obtenido respuesta.
En cuanto a la telecabina que nos ocupa, el promotor es la Mancomunidad de Municipios del Valle del Aragón, que también lo es del Tubing de Candanchú, el Mirador de la Raca, el Mirador de la Trapa, Oroel Park, etc. Una vez terminadas esas promociones, deberán ser gestionadas por empresas privadas o públicas, ya que la Mancomunidad citada no tiene medios, competencias ni es titular de los suelos (públicos). Sin embargo, es evidente que van a servir para mejorar el funcionamiento de varias empresas privadas, empresas que no han utilizado sus beneficios en servicios e inmobiliarios para devolver lo aportado públicamente, que nosotros sepamos. Recientemente, según los medios de comunicación, la Mancomunidad ha dejado de prestar el servicio de transporte público y el de recogida de residuos. ¿Ahora gestionará todo lo señalado comercialmente o desaparecerá para evitar gastos al contribuyente?
Es importante recordar que el procedimiento judicial en curso se ha iniciado debido a la falta de adherencia al procedimiento de evaluación ambiental requerido. En lo que respecta a los proyectos de la misma zona, se ha procedido a fraccionar las actuaciones (hasta doce), aplicando exigencias ambientales independientes, lo cual dificulta la evaluación de las posibles afecciones ambientales y la viabilidad misma del proyecto. De acuerdo con la normativa legal vigente, esta práctica se encuentra estrictamente prohibida por la legislación autonómica, nacional y europea.
Esta situación incide en áreas naturales protegidas, tales como la Red Natura 2000, los Planes Específicos de Protección y el Parque Nacional francés, entre otras. Los motivos que sustentan esta situación pueden ser consultados en las hemerotecas. Por ejemplo, esta telecabina llega al Mirador de la Raca y entra en el valle de Canal Roya, lo cual podría tener consecuencias graves ambientalmente, no evaluadas ni consideradas.
Queda menos de un mes para que el Ministerio de Hacienda cierre los trámites de los fondos europeos Next Generation. Esto significa que, a esa fecha, las actuaciones deberán tener un certificado final de obra tramitado, es decir, las obras deberán estar finalizadas y deberá haberse realizado la restauración ambiental completa. También deberá acreditarse su funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos para los que se solicitaron los fondos. La situación actual puede producir nerviosismo, ya que el promotor no será el que gestione las obras entregadas, sin finalizar. Tampoco se estarían cumpliendo los objetivos, incluido el de que no deberían existir afecciones ambientales; bien al contrario, se estaría modificando de forma irreversible el entorno natural.
Seguramente por eso ha aparecido de repente la autodenominada “Plataforma Futuro Pirineo”, de la que nadie había oído hablar hasta ahora, y que está organizando una recogida de firmas para defender el proyecto de unión de las estaciones de Candanchú y Astún mediante una telecabina, como frente a la actuación judicial en curso.
Resulta sorprendente que se estén recogiendo firmas para un proyecto que ya ha comenzado las obras y que solo dispone de un mes para concluirlos y llegar a tiempo para la finalización de la obra. Un milagro que no se va a producir por muchas firmas que recojan.
Lo habitual es que se recojan firmas para pedir nuevos servicios o mejoras de los ya existentes, o para poner fin a alguna injusticia, pero este no es el caso. Los puestos de trabajo, la situación de la vivienda, la fijación de población, etc., no se mejoran con este modelo de casi 60 años de antigüedad que no ha podido corregir estos problemas, sino que los ha aumentado con las afecciones ambientales. Por eso sorprende que aparezca una fantasmagórica plataforma de la que no se conoce ni un solo individuo pidiendo apoyo a un proyecto que beneficia a varias empresas particulares: las estaciones de esquí mencionadas. Las plataformas suelen estar constituidas por varias asociaciones y entidades. ¿Quién compone ésta? ¿Sociedades acaso mercantiles?
El modelo de funcionamiento para el que dicen recoger firmas es el que ya existe en Formigal, Panticosa, Benasque, etc., con el mismo patrón: utilizar lo público para obtener un posible beneficio privado con la justificación de un “presunto futuro” que no compartimos. Las telecabinas y las instalaciones del Plan Pirineos pueden utilizarse todo el año. Esto favorece el turismo masificado en espacios naturales muy frágiles. ¿El objetivo final es llenar el Pirineo de un modelo playero pase lo que pase? ¿A quién beneficia realmente?
Los esquiadores deberían ser los primeros en exigir un entorno natural sano, la no masificación con estas actuaciones y la defensa de los valores tradicionales de este deporte, en lugar del pretendido “parque de atracciones” y “aventuras” que destrozará el Pirineo. Si como hemos observado, no tenemos medios oficiales para preservar e impedir los ilegales baños en los ibones de Anayet, o para exigir el cumplimiento de las normas ambientales aprobadas para las obras de la telecabina de Benasque-Cerler, ¿cómo vamos a controlar una invasión playera del Pirineo?
Para conocimiento general, hay que remarcar que en el propio proyecto de esta telecabina se afirma que no tendría sentido su construcción si no se enlazara Astún con Formigal, incrementando así el dominio esquiable en Canal Roya y Anayet. Es decir, el proyecto denominado por algunos “Aragón Circus”, que consiste en instalar telecabinas desde la estación de Canfranc hasta Candanchú y continuar hasta Formigal, un auténtico disparate de postes, cables, estaciones intermedias, pistas de emergencia y un sinfín de destrozos en pleno Pirineo con el conocido cuento de que es por el futuro del valle, ¿futuro de quién?
E insistimos en un problema añadido: lo que no esté incluido en la certificación final de obra del 30 de junio (incluida la restauración) no existirá, por lo que la obra no cumpliría los requisitos de financiación de los fondos Next Generation y otros fondos públicos. En consecuencia, el Estado español y la autoridad europea deberán obligar a las entidades locales promotoras a devolver el dinero recibido. Y si hay que devolver el dinero, ¿quién lo aporta? ¿Lo harán las entidades locales, la Diputación de Huesca y el Gobierno de Aragón? En todos los casos, se trata de dinero público que saldrá del detrimento de nuestros servicios públicos, tan necesitados: Sanidad, educación, medioambiente, servicios sociales, comunicaciones, etc. ¿Se puede y se debe?
Si así fuera, una solución posible sería repercutir el coste a quienes con sus actuaciones o falta de ellas fueran los causantes. Ello significaría que deberían responder con su patrimonio personal y no con fondos públicos, porque eran sabedores del riesgo y de las deficiencias.
Esperamos que lo que estamos explicando sirva para reflexionar, incluidas las Cortes de Aragón y los plenos del resto de las administraciones implicadas. Recordamos que este famoso Plan Pirineos no ha contado con un proceso de participación ciudadana previo, como sería obligatorio: No hemos podido opinar; sino que apareció de repente, al parecer consensuado entre algunos políticos, despreciando así los principios de transparencia y del derecho al acceso de la información.
Nos jugamos un futuro digno y sostenible. ¿Quieres un Pirineo lleno de hormigón y hierro, destrozado, para beneficio de unos particulares? Cada uno que elija.
0 Comentarios