Más de medio centenar de alegaciones presentadas por entidades ecologistas, conservacionistas, colectivos ciudadanos, el Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea y particulares reclaman al INAGA que rechace la autorización del festival Sizigia y exigen una evaluación ambiental ordinaria por el impacto que podría tener sobre el entorno protegido de La Sotonera.
El 2 de julio finalizó el plazo para la presentación de alegaciones al procedimiento de evaluación medioambiental simplificado abierto por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) para determinar si procede autorizar la celebración del festival Sizigia. Este procedimiento llega después de una primera resolución, emitida por el propio organismo en abril, que declaró como “no procedente” el primer intento de autorización presentado por la empresa organizadora. La autorización del INAGA es preceptiva para este tipo de eventos cuando se celebran en el medio natural.
El festival, cuyos promotores han manifestado su intención de reunir a miles de personas, pretende celebrarse en las orillas del embalse de La Sotonera, un ecosistema de alto valor ambiental integrado en la Red Natura 2000 y declarado ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). El evento está previsto entre el 10 y el 14 de agosto, coincidiendo con el eclipse solar que tendrá lugar este verano.
Además, el macrofestival arrastra una fuerte polémica por su estrategia comercial de atraer público procedente del Estado israelí mediante la contratación de djs procedentes de la entidad colonial. Una estrategia compartida con otro evento promovido por los mismos organizadores, el Own Spirit, donde ya se reportó la presencia masiva de público israelí y se silenciaron las denuncias contra el genocidio en Gaza. Las plataformas solidarias con el pueblo palestino denuncian estas prácticas comerciales como conniventes con el lavado de cara cultural que promueve el Estado sionista, que coloniza Palestina y practica el apartheid sobre la población nativa.
Ambos vectores, el ético y el medioambiental, han desatado una campaña continuada durante meses que ha incluido la creación de materiales de difusión, charlas informativas e incluso una marcha en la que participaron 150 personas y de la que AraInfo se hizo eco. La movilización recorrió la distancia que separa Alcalá de Gurrea del embalse de La Sotonera.
Decenas de alegaciones
Durante los últimos meses, numerosas entidades ecologistas, asociaciones conservacionistas, colectivos ciudadanos y organizaciones vinculadas a la defensa del patrimonio natural y de los derechos humanos han mostrado públicamente su oposición a una iniciativa que consideran “incompatible con los valores ambientales del enclave”. Muchas de ellas, junto a personas residentes en el Alto Aragón, han presentado alegaciones al procedimiento de evaluación ambiental y al Estudio de Impacto Ambiental elaborado por Aigizis SL, la sociedad instrumental desde la que se impulsa el festival. En un cálculo inicial, el número total de alegaciones registradas ante el INAGA, entre particulares y entidades ciudadanas, superaría las cincuenta.
Entre las organizaciones que han presentado alegaciones, rechazando la celebración del evento y reclamando una evaluación más exhaustiva que la prevista mediante el procedimiento simplificado, figuran el Fondo Amigos del Buitre, el Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat (GREFA), la Asociación Canal Roya, la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, el Grupo Ecologista del Somontano, Escaladores de Guara, la Sociedad Aragonesa de Protección de Animales y Plantas (SAPAP), la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, el Grupo Ornitológico Oscense, la Asociación Naturalista de Aragón (ANSAR), además de numerosos colectivos comprometidos con la protección del territorio.
Las entidades coinciden en considerar que “la celebración de un evento de estas dimensiones en un espacio de alto valor ecológico podría generar importantes afecciones sobre la fauna, la flora y los hábitats presentes en la zona”. Un diagnóstico que expertos en el medio natural ya realizaron a mediados de abril, tal y como recogió este Diario Libre d'Aragón.
En el comunicado conjunto remitido a AraInfo, las organizaciones hacen hincapié en que “el periodo elegido —para la celebración del festival— es especialmente sensible para numerosas especies silvestres, además de coincidir con un altísimo riesgo de incendio”. Asimismo, recuerdan que “este año ya ha habido varios incendios en la zona” y que “el año pasado, en fechas similares, el Gobierno de Aragón estableció la alerta Rojo Plus con restricciones incompatibles con este tipo de macrofestivales”.
Los colectivos recuerdan igualmente que “La Sotonera constituye un enclave de gran importancia para la biodiversidad aragonesa y cualquier actuación susceptible de alterar sus valores debe analizarse con el máximo rigor y bajo el principio de precaución”.
Alegación del Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea
El Ayuntamiento de Alcalá de Gurrea, en cuyo término municipal se pretende celebrar el festival, anunció a través de AraInfo, a mediados de junio, la presentación de una alegación que, en la misma línea que muchas de las presentadas por las entidades, reclama una evaluación ordinaria. “No vale con una evaluación simplificada, sino que debería ser una evaluación ordinaria, que es mucho más completa”, declaró entonces a AraInfo el alcalde de la localidad, José Eugenio Marín Atarés.
El escrito presentado ante el INAGA exige literalmente “un Estudio de Impacto Ambiental completo con evaluación específica de afección a Red Natura 2000”. También reclama que “se incorporen estudios específicos de ruido, contaminación lumínica, incendios, movilidad, abastecimiento y saneamiento”.
El Consistorio justifica esta petición al considerar que, “por su magnitud y localización, resulta evidente la posibilidad de efectos significativos sobre el medio ambiente”. Añade que “el emplazamiento proyectado se encuentra en el entorno del embalse de La Sotonera, espacio con importantes valores ambientales y avifauna protegida”. Asimismo, señala que “se debe poner de manifiesto la presencia de especies catalogadas y la posible afección a hábitats protegidos”, por lo que entiende que “debe exigirse una evaluación específica de repercusiones sobre la Red Natura 2000, exigiéndose suficiente documentación ambiental para descartar impactos significativos”.
Otra de las preocupaciones del municipio son los “niveles sonoros diurnos y nocturnos”, motivo por el que reclama una evaluación específica de sus efectos sobre el medio natural. Además, según testimonios de residentes, las molestias que causarían los equipos de sonido previstos para un evento con miles de asistentes generan inquietud, especialmente porque el festival se prolongará durante cuatro días. Existe también malestar y sensación de engaño, ya que inicialmente la organización aseguró que los altavoces no se orientarían hacia las zonas habitadas, mientras que posteriormente el propio festival ha anunciado en sus redes sociales escenarios con “equipos 360” que propagarán el sonido en todas las direcciones.
A esta se suma otra alegación, firmada por residentes del municipio, que alerta de que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa promotora no ha tenido en cuenta la existencia de distintos núcleos de población en el entorno del recinto previsto. “El documento ambiental sometido a información pública no identifica adecuadamente la existencia de viviendas próximas al emplazamiento del evento ni analiza su condición de receptores acústicos afectados” y, por ello, consideran que “el apartado de medidas preventivas, correctoras, impacto residual y medidas compensatorias es incompleto, ya que no contempla uno de los impactos más previsibles y relevantes del proyecto: el ruido sobre viviendas cercanas durante conciertos diurnos y nocturnos”.
El escrito municipal también advierte de que la celebración del festival coincide “con el periodo de máximo riesgo de incendios forestales en Aragón”. Añade que “la concentración masiva de personas, vehículos, instalaciones eléctricas temporales y actividades de restauración, cocinas y el propio factor humano en una zona expuesta a altas temperaturas y vientos exige una evaluación detallada del riesgo y de las medidas preventivas, correctoras y de evacuación”.
Asimismo, el Ayuntamiento reclama “una adecuada valoración detallada de la gestión de aguas residuales y destino final de los residuos sólidos. Existe riesgo potencial de contaminación del suelo y de las masas de agua del embalse; se requiere una infraestructura de saneamiento, depuración y recogida que el promotor privado debe garantizar de forma estricta”.
Por último, tanto el Consistorio como numerosas personas residentes muestran su preocupación por las afecciones a la movilidad y la seguridad pública. Consideran que “la afluencia prevista supera ampliamente la población habitual del municipio y puede generar afecciones relevantes” sobre carreteras y caminos rurales, accesos de emergencia, servicios municipales, seguridad ciudadana y protección civil.
Un municipio granadino reclama la protección de La Sotonera frente al macrofestival
Una de las curiosidades del proceso de exposición pública ha sido la presentación de una alegación por parte del Ayuntamiento de Castril, que reitera los argumentos planteados por las entidades conservacionistas. Este municipio granadino está especialmente sensibilizado con la protección del medio ambiente que lo rodea, marcado por el cauce del río del mismo nombre y por la presencia del Parque Natural Sierra de Castril. Seguramente, su implicación solidaria en la defensa del ecosistema de La Sotonera responde a esa voluntad.
“Priorizar la conservación del patrimonio natural”
Concluido el periodo de alegaciones, las organizaciones esperan que “las administraciones competentes estudien con detenimiento todas las observaciones presentadas y prioricen la conservación del patrimonio natural” frente a proyectos que consideran “incompatibles con la protección de La Sotonera”. Asimismo, defienden la necesidad de apostar “por actividades culturales y económicas que no pongan en riesgo espacios naturales protegidos o de elevado valor ambiental”.
Las plataformas también han querido agradecer “la implicación de la ciudadanía y de numerosos colectivos ecologistas”, subrayando que la defensa del patrimonio natural constituye “una responsabilidad compartida que trasciende intereses particulares y busca garantizar la conservación de estos espacios”. Además, recuerdan que este macrofestival se enmarca dentro de una estrategia de “blanqueamiento” del genocidio en Palestina que contribuye “a normalizar la crueldad y la violencia que el Gobierno de Israel continúa ejerciendo día a día contra la población palestina”.
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