Las entidades sociales que durante años han denunciado las, todavía presuntas, irregularidades en la tramitación de energías renovables en Aragón, especialmente en lo referido al Clúster del Maestrazgo y todo lo que rodea a Forestalia, han expresado en Zaragoza su exigencia de “suspensión cautelar de todos los proyectos” de la trama y el “desmantelamiento del INAGA”
Las entidades Asamblea Canal Roya, Plataforma en defensa de las Montañas de Aragón, Ecologistas en Acción de Monzón y la Plataforma 13-M por la Racionalidad Energética, representada en la rueda de prensa celebrada este jueves en Zaragoza, por la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, eran conocedoras de las irregularidades cometidas tanto por la empresa Forestalia, como por administraciones públicas, aragonesas y españolas, y así lo han manifestado en los últimos años a la opinión pública, y sobre ello han incidido desde la sala de prensa de la FABZ.
“Han tenido que ser las actuaciones llevadas a cabo en la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha calificado los hechos como presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, las que ha dado verosimilitud a todo ello”, han destacado.
Asimismo, han señalado que “la indignación infinita, insondable e inextinguible ante las prácticas irregulares desveladas para conseguir Declaraciones de Impacto Ambiental corruptas para los proyectos de energías renovables, dejando en evidencia la falta de respeto por los pueblos y vecindarios afectados, y el desprecio por el medio ambiente al que llegaron tanto presuntos corruptores, la empresa Forestalia, como los políticos y empleados públicos que avinieron a corromperse, presuntamente, a cambio de un lucro que solo se puede calificar como despreciable”.
Por ello, han querido expresar su “profundo agradecimiento a la labor realizada por la UCOMA de la Guardia Civil, cuyo trabajo viene a refrendar las sospechas que habíamos expuesto, argumentado y acreditado en la medida de nuestras posibilidades a lo largo de los últimos años”, y la necesidad de que la justicia “llegue hasta las últimas consecuencias en la Subdirección General de Evaluación Ambiental, en el MITERD, en el Gobierno de Aragón y en el INAGA, a pesar de la relevancia de los implicados que han podido actuar de manera ilícita en los múltiples proyectos tramitados”.
Las sospechas de corrupción se hacen realidad
Las entidades sociales aragonesas han manifestado también “un profundo malestar al comprobar que sospechas que se han manifestado desde distintos colectivos y Plataformas, que han estado vinculados a los procedimientos relacionados con la implantación de las renovables en Aragón, se han hecho realidad. Comprobamos pues que estos hechos están calificados como presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal”.
En la rueda de prensa celebrada en la capital del país, y retransmitida por streaming al resto del mundo, han recordado que “la Plataforma 13-M, representada por numerosas plataformas y grupos ecologistas, participó en el año 2024 en la comisión de las Cortes de Aragón creada para la investigación de posibles irregularidades en la implantación de las renovables. En dicha comisión enumeramos una por una la mayoría de las ilegalidades denunciadas estos días. A pesar de ello, las Cortes aragonesas cerraron esta comisión en falso, porque algunos grupos políticos bloquearon la misma y se negaron a incluir cualquier irregularidad a pesar de haberse detallado muy claramente”.
Asimismo, han recalcado que “ante el supuesto anuncio de la ministra Aagesen relativo a la suspensión de los proyectos de Forestalia, deseamos indicar que ninguna de las noticias difundidas permite llegar a dicha conclusión -tal y como publicó, en coincidencia, AraInfo-, simplemente se expresa que los trámites se encuentran parados por su judicialización o que pudiera ser por las suspensiones cautelares derivadas de los recursos de alzada presentados, pero en ningún momento se habla de una suspensión ex profeso”.
Suspensión cautelar de todos los proyectos de la empresa Forestalia, desmantelamiento del INAGA e investigación en del MITERD
Los portavoces de las entidades han solicitado en nombre de todas ellas “la suspensión cautelar de todos los proyectos de la empresa Forestalia que se están desarrollando en Aragón, independientemente de la fase en la que se encuentren”.
También han propuesto “el desmantelamiento del INAGA como instituto independiente y que se cree una Dirección General de Evaluación ambiental de la DGA gestionada por funcionarios, con protocolos y directrices claras para evitar, en la medida de lo posible, las actuaciones irregulares que presumiblemente se han producido en proyectos renovables y de otros sectores”.
Han exigido igualmente “la investigación dentro del MITERD para depurar responsabilidades, cesar a las personas involucradas en los posibles hechos delictivos o en su supervisión, si tuvieron algún conocimiento y no actuaron, y modificar los protocolos para que sucesos como estos no vuelvan a ocurrir”.
En ese sentido han ahondado en la obligación ética de “que asuman responsabilidades políticas aquellos cargos públicos que hayan podido obtener contraprestaciones ilícitas y aquellos que no hayan ejercido sus funciones de vigilancia como responsables jerárquicos”.
Y, finalmente, han solicitado “una revisión de todos los proyectos, y no solo de energías renovables, sobre los que se han manifestado posibles ilícitos o tratos de favor, así como una investigación rigurosa para destapar otras posibles prácticas fraudulentas en los organismos públicos encargados de la aprobación de proyectos”.
La convivencia en el eje de los objetivos de las entidades sociales
Por otra parte, en la rueda de prensa las entidades han expresado la necesidad de “preservar la convivencia en los pueblos”, de forma compatible con la urgencia de “preservar y mantener los espacios naturales, los entornos rurales y los espacios agro-ganaderos como lugares de vida, biodiversidad y desarrollo”.
Han recalcado su propuesta de trabajar en “un desarrollo de las energías renovables distribuido, planificado y democrático”, y de subordinar “la economía y los intereses privados a la ética, a la moral, a las necesidades de las personas y a los límites físicos del medio ambiente”.
Han concluido anunciando que “al objeto de conseguir lo enumerado remitiremos una carta con estas peticiones y la descripción de las denuncias presentadas a todos los grupos políticos de las Cortes de Aragón, de las Cortes españolas, al Gobierno de Aragón en funciones y al Gobierno del Estado español, exigiendo la inmediata aplicación de estas medidas”.
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