Durante décadas ha sido un secreto a voces, en el país de los pactos y la paz social, que algo olía a podrido en la relación INAGA-PAR y el atronador silencio cómplice de sus socios en alternancia, PSOE y PP, ahora un juez de Teruel va poniendo luz a la presunta corrupción y dando razón a quienes llevan años advirtiendo que “renovables sí, pero no así”
Tres nombres propios destacan, por ahora, en las pesquisas jurídico-policiales de la presunta trama de corrupción con Forestalia como epicentro, Jesús Lobera del INAGA, Eugenio Domínguez del MITERD, y por supuesto, el gran y prestigioso empresario Fernando Samper, oligarca aragonés y padrino de la invasión de macroinstalaciones de energías renovables en Aragón.
No hay corrupción sin corruptor, y por tanto es presuntamente Forestalia, del presunto empresario Samper el origen de todo el caso, no solo del Clúster del Maestrazgo, sino de una forma de actuar e interactuar entre la administración publica y los intereses privados, es la definición del capitalismo de amiguetes, una de las peores versiones de este sistema político-económico.
El capitalismo de amiguetes tiene un coste inasumible para una sociedad sana. El dinero de las mordidas, sobrecostes y desviaciones de dinero, lo pagamos entre toda la sociedad para enriquecer a unos pocos caraduras. Supone un descrédito para las instituciones públicas, es competencia desleal para las empresarias honradas, implica peores servicios públicos y una quiebra ética para el conjunto de la sociedad. La antilección que nos da el capitalismo de amiguetes es que quien es capaz de sobornar a la maquinaria del poder público es quien más beneficios obtiene y más rápidamente, que no importan leyes ni normas si tienes buenos contactos en las esferas de poder, público y privado.
Además, en el caso de la transición energética, el capitalismo de amiguetes supone un duro golpe a la credibilidad de las medidas, imprescindibles y posiblemente en algunos casos dolorosas (para una economía basada exclusivamente en el consumo y el crecimiento económico sin límites o desarrollismo), que debemos afrontar para que Aragón y el planeta entero sigan siendo habitables para la humanidad.
El capitalismo de amiguetes corroe la economía y la confianza de cualquier sociedad, y, aún así, no siempre llega hasta los juzgados, pues en muchas ocasiones los tramposos son lo suficientemente astutos (o poderosos) como para sortear la legalidad sin que tenga efectos judiciales, y a veces, ni siquiera el reproche social. Aragón no es un país asilado en el mundo, y el máximo exponente mundial del capitalismo de amiguetes, el trumpismo, también anida entre nosotras.
El papel clave del INAGA
Uno de los focos principales de la investigación jurídico-policial está en el funcionamiento del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), organismo público de la DGA encargado de evaluar el impacto ambiental de los proyectos energéticos en Aragón.
Según informes de la Guardia Civil, el exdirector del organismo, Jesús Lobera, habría desempeñado un papel central en las presiones internas para facilitar la expansión de proyectos de Forestalia. La investigación describe un contexto de presión institucional sobre técnicos ambientales para acelerar o modificar informes vinculados a parques eólicos, especialmente en proyectos fragmentados o troceados para facilitar su aprobación administrativa.
Uno de los episodios recogidos en la investigación apunta a que el entonces consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Joaquín Olona, habría amenazado con cesar a un funcionario que se resistía a firmar informes que consideraba irregulares. Según los informes policiales, estas presiones habrían contribuido a “desmantelar los contrapesos técnicos y administrativos” dentro del organismo ambiental aragonés.
Otra de las líneas de investigación apunta a la relación directa entre responsables públicos y la dirección de la empresa. Informes del instituto armado señalan que el exdirector del INAGA habría mantenido reuniones casi semanales con Fernando Samper, propietario de Forestalia, en pleno proceso de tramitación de proyectos eólicos y fotovoltaicos.
La investigación considera que estas reuniones formaban parte de una dinámica de coordinación que habría facilitado la aprobación de proyectos energéticos en diferentes fases administrativas.
‘Mordidas’ millonarias e informes a medida
En este contexto, y según las pesquisas jurídico-policiales, a Forestalia no le bastaba con su relación con el INAGA, y la investigación señala que un ex alto cargo del Ministerio para la Transición Ecológica, Eugenio Domínguez, habría manipulado o acelerado expedientes ambientales para favorecer proyectos de Forestalia a cambio de contraprestaciones económicas o participaciones empresariales.
La investigación sostiene que el funcionario creó incluso un sistema paralelo de tramitación dentro del ministerio para autoasignarse expedientes de la compañía aragonesa, evitando controles internos y facilitando la aprobación de declaraciones de impacto ambiental favorables. En paralelo, la Guardia Civil investiga si el grupo empresarial habría realizado pagos superiores a cinco millones de euros a un entramado de empresas vinculado a Domínguez para garantizar el avance administrativo de algunos proyectos.
Además, la investigación policial apunta a otro entramado empresarial, este en Aragón. La Guardia Civil ha señalado en sus informes a destacados líderes del PAR (en gobiernos del PP y del PSOE): a Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile, sosteniendo que Fernando Samper pagó más de 4,4 millones de euros a Boné, Marruedo y Fraile al adquirir la empresa de estos, Athmos Sostenibilidad SL. Un importe 443.000 euros superior a lo pactado, asegura la policía, que se apoya en un informe remitido por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
La investigación policial sostiene que “no coinciden las cantidades inicialmente pactadas con las finalmente entregadas”, tampoco “las cuentas bancarias indicadas para el ingreso con las finalmente utilizadas”, y consideran que esos cuatro millones de euros “constituyen un precio de venta por encima del valor de mercado, habida cuenta del importe neto de la cifra de negocios y el total activo” de Athmos Sostenibilidad.
Pese a la magnitud de las revelaciones policiales, cabe destacar que el procedimiento judicial se encuentra aún en fase inicial de su instrucción. Y que las personas que han sido detenidas o investigadas, han quedado en libertad a la espera de nuevas diligencias. Así, la investigación continuará analizando documentación administrativa, comunicaciones internas y movimientos empresariales vinculados a los proyectos energéticos investigados.
Si las sospechas se confirman, el caso podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción vinculados al despliegue de energías renovables en Aragón y en el Estado español, con consecuencias tanto judiciales como administrativas para decenas de proyectos en Aragón.
El juez que investiga el caso Forestalia ha aplazado la vista de medidas cautelares en la que debía decidir si paraliza el Clúster del Maestrazgo. El magistrado ha dado un plazo de cinco días a las partes para que concreten qué personas o empresas podrían verse afectadas por una eventual suspensión del proyecto. La Guardia Civil había advertido en un informe pericial de posibles “daños medioambientales irreversibles” si continúa la ejecución del macroproyecto eólico, en el marco de la investigación judicial por las presuntas irregularidades en la tramitación ambiental vinculadas a la denominada ‘Operación Perserte’.
Del Lambanato al Azconato, comisión de investigación mediante
El origen cronológico de este caso de corrupción se sitúa en los gobiernos de Lambán. Y, en su momento, el PP de Jorge Azcón impulsó una comisión de investigación que resulto bufa y destinada a tener coartada y seguir con los proyectos iniciados.
Desde la DGA, Jorge Azcón no solo no ‘ha puesto orden’ en las presuntas irregularidades de Forestalia, sino que ha recibido los nuevos proyectos de Samper con la habitual salva propagandística, y ha apoyado el macrocomplejo de centros de datos ‘Búfalo’ proyectado por Forestalia, dando continuidad al boom empresarial de Samper. Tras el extractivismo energético, Forestalia se apuntaba al nuevo nicho de negocio que nuestras administraciones públicas venden como el gran momento de Aragón, los centros de datos.
Años de denuncias territoriales y un modelo energético en discusión
Más allá de la gravedad de la presunta corrupción del caso Forestalia, las pesquisas judiciales también vuelven a poner en primer plano las denuncias que plataformas ciudadanas y organizaciones ecologistas llevan años realizando sobre el modelo de implantación de renovables en Aragón. No todos los proyectos de energías renovables son corruptos, pero Forestalia proyecta sombra sobre todos ellos. Por ejemplo, diversos colectivos han venido cuestionando la fragmentación de proyectos —presentados como parques independientes pese a formar parte de un mismo complejo— para facilitar su aprobación administrativa.
Y, en paralelo, plataformas territoriales y organizaciones sociales reclaman una moratoria de los proyectos vinculados a Forestalia mientras se esclarecen los hechos investigados.
El despliegue masivo de macroparques eólicos y solares ha generado tensiones en numerosas comarcas aragonesas dividiendo a la población. Pues una buena parte de sus habitantes cuestiona el impacto paisajístico, ambiental y social de estas infraestructuras, mientras otra parte cree en los cantos de sirena del capitalismo de amiguetes.
Frente al enfoque extractivista del capitalismo de amiguetes apoyado por los diferentes gobiernos de Aragón, diferentes organizaciones y entidades sociales aragonesas proponen otro modelo basado en el autoconsumo, en las comunidades energéticas, en instalaciones de energías renovables de menor escala y en la participación pública en la propiedad de los proyectos. Con lo que se conseguiría democratizar la energía, reducir impactos territoriales y generar ingresos directos para municipios y habitantes.
O, en el menor de los casos, abrir un debate amplio sobre cómo se planifica la transición energética, quién controla la producción de energía y qué papel deben tener los territorios rurales y el Gobierno de Aragón en la gestión energética. La resolución del caso podría marcar un antes y un después en la forma de desplegar energías renovables en Aragón, y pasar de la tierra de sacrificio por la que todavía apuestan desde la DGA a un modelo de soberanía energética, que nos blinde además ante el convulso mundo que está sacudiendo la expansión global del trumpismo.
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