La SAPAP denuncia posibles irregularidades en la gestión del proyecto, plazos vencidos, incumplimiento del principio ambiental de “no causar un perjuicio significativo”, y explica que además la infraestructura está destinada a beneficio de empresas privadas
La Sociedad Aragonesa de Protección a los Animales y Plantas (SAPAP) ha presentado ante la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) una denuncia por posibles irregularidades en la gestión de los fondos europeos destinados al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón (MAVA), cuyo proyecto principal es la unión mediante una telecabina de las estaciones de esquí de Astún y Candanchú. La entidad centra su denuncia en tres cuestiones: el destino de los 10 millones de euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el incumplimiento del principio ambiental de “no causar un perjuicio significativo” y el incumplimiento del plazo de ejecución establecido por la Unión Europea.
La denuncia señala que la subvención inicialmente concedida en 2021 ascendía a ocho millones de euros y fue posteriormente incrementada hasta los 10 millones. Estos fondos se asignaron a la MAVA para ejecutar su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que contempla fundamentalmente la construcción de la infraestructura de transporte por cable entre Astún y Candanchú.
La organización recuerda que, paralelamente, el Gobierno de Aragón, la Diputación de Uesca, la MAVA, Turismo de Aragón y las sociedades privadas titulares de las estaciones —Estación Invernal Valle de Astún SA (EIVASA) y Explotaciones Turísticas de Candanchú SA— suscribieron en marzo de 2023 un convenio marco para impulsar la conexión. Ambas empresas participan en el convenio como titulares de los dominios esquiables de Astún y Candanchú.
Una infraestructura pública destinada a integrarse en dos negocios privados
Uno de los principales argumentos de la denuncia presentada ante la IGAE es precisamente el modelo previsto para la futura explotación de la telecabina. SAPAP subraya que el propio convenio marco establece que la infraestructura tiene como finalidad “garantizar de manera efectiva la plena conexión de ambas estaciones de esquí” y facilitar el tránsito de las personas usuarias de una estación a otra.
Según la documentación aportada por la asociación, una vez construida la instalación, obtenidas las autorizaciones necesarias y cedida al Gobierno de Aragón, está prevista la posterior adjudicación de su explotación. El convenio establece que esta adjudicación deberá tener en cuenta los derechos exclusivos de las entidades que gestionan Astún y Candanchú. Al mismo tiempo, el Gobierno de Aragón se compromete a impulsar la adjudicación y a recibir la infraestructura una vez puesta a disposición por la MAVA.
Para SAPAP, estas condiciones evidencian que el destino final de la infraestructura financiada con fondos europeos es su integración en la actividad económica de las dos empresas privadas titulares de las estaciones. La asociación recuerda además que ambas compañías mantienen sus derechos concesionales y participan en el convenio aceptando el modelo de explotación previsto.
La denuncia pone también el foco en que el estudio económico-financiero del proyecto se realizó después de la firma del convenio marco y sobre la hipótesis de que la telecabina quedaría integrada en los servicios ofrecidos por las estaciones de esquí. El documento parte del precio del forfait conjunto de Astún y Candanchú y contempla que el billete de la telecabina pueda suponer hasta un 15% adicional sobre ese precio. El propio estudio concluye que cuanto mayor sea el uso de la instalación por las personas esquiadoras, mayores serán sus ingresos y su capacidad para generar flujos que permitan recuperar las inversiones, señalando que la colaboración con las estaciones y su integración en el precio de los forfaits contribuiría a asegurar la demanda.
A partir de estos elementos, SAPAP sostiene que se habría configurado un mecanismo mediante el cual los fondos europeos destinados formalmente a una entidad pública acabarían financiando una infraestructura cuyo uso y explotación se integraría en dos empresas privadas. A juicio de la entidad, este modelo podría contravenir los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación que rigen la concesión de subvenciones públicas.
La denuncia también cuestiona el cumplimiento del principio ambiental DNSH
La segunda gran cuestión planteada por SAPAP se refiere al principio europeo de “no causar un perjuicio significativo” —DNSH, por sus siglas en inglés— que debe respetarse en las actuaciones financiadas mediante el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
La organización sostiene que el proyecto incumple este principio en dos ámbitos: la transición hacia una economía circular y la protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas. Para fundamentarlo, incorpora a su denuncia referencias al informe del Observatorio Pirenaico de Cambio Climático de 2018 sobre los impactos del cambio climático en el turismo invernal.
El informe citado advierte de una reducción progresiva del espesor y la superficie del manto de nieve y del número de días aptos para el esquí a medida que aumenten las temperaturas. Bajo un escenario de incremento medio de dos grados, el estudio citado por SAPAP estima que el porcentaje de estaciones pirenaicas capaces de operar normalmente descendería del 93% al 44%, con un incremento de cuatro grados, se reduciría hasta el 7%. La asociación considera que estas previsiones comprometen la sostenibilidad del turismo de esquí a medio plazo y cuestionan que una inversión de fondos europeos en este sector pueda contribuir a la transición hacia una economía circular.
La segunda vertiente ambiental afecta directamente al espacio donde se proyecta la infraestructura. SAPAP señala que la telecabina se encuentra íntegramente dentro de la ZEPA “Los Valles”, perteneciente a la Red Natura 2000, y a menos de un kilómetro del puerto de Somport. La denuncia destaca además la proximidad y conexión ecológica con espacios protegidos situados en territorio francés, entre ellos la ZEPA “Hautes vallées d’Aspe et d’Ossau”.
La asociación recuerda que el proyecto cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental emitida por el INAGA el 1 de octubre de 2025, aunque dicha resolución no sería firme al haber sido recurrida ante los tribunales. SAPAP sostiene, no obstante, que disponer de una evaluación ambiental no implica automáticamente que un proyecto financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cumpla el principio DNSH.
La denuncia cuestiona especialmente la evaluación de los efectos sobre la conectividad ecológica de la Red Natura 2000. Según SAPAP, la propia resolución del INAGA reconoce la posible incidencia transfronteriza del proyecto y la afección potencial sobre la conectividad entre espacios protegidos, incluida la ZEPA occitana “Hautes vallées d’Aspe et d’Ossau”.
La organización pone además como ejemplo el urogallo, especie catalogada “en peligro de extinción” en Aragón y cuya presencia está confirmada en la vertiente occitana del Somport. La resolución ambiental contempla esta posible afección, aunque concluye que el ámbito estudiado no constituye una zona preferente para el desarrollo de la especie.
SAPAP denuncia, sin embargo, que no consta que se realizaran las consultas transfronterizas a las autoridades ambientales francesas que, según su interpretación de la legislación ambiental, serían preceptivas cuando un proyecto ejecutado en Aragón pueda producir efectos significativos sobre el medio ambiente de otro Estado miembro de la Unión Europea. La asociación considera que esta ausencia impidió valorar adecuadamente las repercusiones sobre los espacios protegidos occitanos próximos.
Vencido el plazo europeo sin acabar la obra
El tercer bloque de la denuncia de SAPAP se refiere al cumplimiento del denominado Hito 221 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Según la documentación aportada por la entidad, los proyectos incluidos en los Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destino debían estar terminados como máximo el 30 de junio de 2026. El Hito 221, correspondiente al segundo trimestre de ese año, establece la finalización de los proyectos y contempla como mecanismos de verificación los informes finales, actas de recepción, declaraciones de conformidad, certificados de fin de obra u otros documentos equivalentes.
La organización sostiene que ese plazo no se ha cumplido en el caso de la telecabina Astún-Candanchú. Para acreditar que las obras continuaban después del 30 de junio, SAPAP incorpora fotografías y documentación audiovisual obtenidas el 2 de julio de 2026 en la estación de Astún, donde se observan operarios trabajando, elementos de la instalación almacenados y diferentes trabajos de ejecución de la infraestructura.
La documentación también demuestra, tras otra visita realizada el 16 de julio, que las obras de unión de las estaciones “se han iniciado en Astún, pero están muy lejos de estar concluidas”, mientras que las obras correspondientes a la estación inferior y los garajes, situados en Candanchú, “ni siquiera han comenzado”.
Para SAPAP, esta documentación acredita que la actuación no estaba completamente ejecutada en el segundo trimestre de 2026 y, por tanto, que se habría incumplido el Hito 221 del CID.
El propio proyecto contemplaba trabajos posteriores al 30 de junio
La denuncia va más allá y sostiene que tanto la MAVA como el Gobierno de Aragón conocían desde antes del inicio de las obras que resultaba imposible finalizar íntegramente el proyecto dentro del plazo exigido por los fondos europeos.
La asociación cita el documento “Plan de Etapas” del Proyecto de Interés General de Aragón, elaborado en julio de 2024, donde se establece un calendario de ejecución que se prolonga más allá del 30 de junio de 2026. El documento preveía que la obra civil de las estaciones y las torres comenzara en abril de 2025 y terminara en noviembre de ese mismo año, mientras que el montaje electromecánico de la instalación inferior se prolongaría hasta junio de 2026.
El mismo cronograma contempla el tendido del cable, la preparación de las torres y el montaje de 24 cabinas, con pruebas previstas entre agosto y octubre de 2026 y una inspección oficial en noviembre. Para cumplir con los requisitos de financiación Next Generation se planteaba una entrega parcial correspondiente al tramo situado entre la estación intermedia y la superior de Astún en junio de 2026, unos plazos que tampoco se han cumplido.
SAPAP considera que esta planificación demuestra que, ya en julio de 2024, antes de comenzar la ejecución, se conocía la imposibilidad de completar el conjunto del proyecto dentro del plazo marcado por Europa. La entidad sostiene que se produjo entonces una “reformulación” y fragmentación del proyecto original para presentar una ejecución parcial como si fuera la ejecución íntegra del Plan de Sostenibilidad Turística.
La asociación califica esta actuación de “manifiesto fraude de ley” y de incumplimiento de los requisitos que regulan la aplicación de los fondos europeos Next Generation.
SAPAP pide a la IGAE que investigue la gestión de los fondos
La denuncia ha sido dirigida a la Intervención General de la Administración del Estado, órgano que ejerce las funciones de Autoridad de Control del Instrumento Europeo de Recuperación. SAPAP recuerda que, entre sus competencias, se encuentran la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses, así como el control de la adecuación a la legalidad y la buena gestión de los recursos públicos y del cumplimiento del principio DNSH.
La entidad identifica como posibles responsables de las infracciones denunciadas a la Mancomunidad del Alto Valle del Aragón, como promotora del Plan de Sostenibilidad Turística, y a las sociedades Estación Invernal Valle de Astún SA y Explotaciones Turísticas de Candanchú SA, titulares de las estaciones privadas.
Por todo ello, SAPAP solicita finalmente que la IGAE admita la denuncia de irregularidad en la gestión de los fondos europeos y adopte las actuaciones jurídicas y legales que correspondan.
La iniciativa se suma a las actuaciones que SAPAP ya había emprendido durante 2026 en relación con el proyecto. En marzo, la organización acudió a la Chusticia d’Aragón para reclamar explicaciones por los errores detectados en las cuentas de la telecabina. En concreto, cuestionó el cálculo de los porcentajes correspondientes a gastos generales y beneficio industrial incluidos en la documentación económica del convenio, sin recibir respuesta de la DGA.
La denuncia ante la IGAE abre ahora una nueva vía de fiscalización sobre un proyecto cuya financiación, coste, tramitación ambiental y modelo de explotación continúan generando controversia.
Mientras las obras avanzan sobre el terreno, la SAPAP pone bajo la lupa no solo su impacto territorial y ambiental, sino también el cumplimiento de las condiciones asociadas a los 10 millones de euros de fondos europeos que sostienen gran parte de la actuación.
0 Comentarios