El Gobierno ha anunciado la suspensión de los proyectos de la empresa energética Forestalia que se encuentran bajo investigación judicial tras el estallido de un escándalo de presunta corrupción relacionado con la tramitación de parques eólicos y fotovoltaicos. La decisión llega después de que la Fiscalía y la Guardia Civil pusieran el foco sobre posibles irregularidades en la concesión de certificados ambientales para macroproyectos renovables, muchos de ellos concentrados en Aragón.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, confirmó este miércoles que una parte relevante de los proyectos de la compañía se encuentra actualmente paralizada debido a recursos judiciales. “Gran parte de los proyectos están bajo recurso, con lo cual, de momento, hay una suspensión de los proyectos”, explicó durante su intervención en los desayunos informativos de Europa Press.
El anuncio llega tras la petición de la Fiscalía para frenar iniciativas como el macroparque eólico Clúster del Maestrazgo, en la provincia de Teruel, uno de los desarrollos más controvertidos por su impacto territorial y ambiental.
Aagesen aseguró que desde el primer momento su departamento ha mostrado “la máxima predisposición de colaboración con la Justicia” y garantizó que toda la documentación requerida por los investigadores será entregada. Además, la ministra ha ordenado una auditoría interna dentro del Ministerio para revisar los procedimientos mediante los cuales se tramitaron estos proyectos.
En la investigación también aparece el empresario Fernando Samper, fundador y propietario de Forestalia, la compañía que en los últimos años se convirtió en uno de los principales promotores de grandes proyectos renovables en España
“Internamente he pedido un análisis para conocer qué está ocurriendo y si todos los procedimientos en los que se adjudicaron estos proyectos están conforme a derecho”, explicó. El objetivo, según afirmó, es esclarecer “qué ocurrió, por qué ocurrió y evitarlo en el futuro”.
La investigación judicial gira en torno a una presunta trama de corrupción medioambiental vinculada a la concesión de certificados necesarios para la autorización de parques eólicos y solares. En el marco de la operación fue detenido Eugenio Domínguez, exsubdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica. Según las pesquisas, Domínguez habría favorecido determinados proyectos energéticos mediante informes y autorizaciones ambientales presuntamente amañadas.
En la investigación también aparece el empresario Fernando Samper, fundador y propietario de Forestalia, la compañía que en los últimos años se convirtió en uno de los principales promotores de grandes proyectos renovables en España. Los investigadores tratan de esclarecer si existió una relación irregular entre la empresa y el exalto cargo del ministerio para acelerar o facilitar la aprobación de parques eólicos y fotovoltaicos.
Aagesen subrayó que Domínguez ya no trabajaba en el ministerio desde hace más de dos años y que había ocupado su puesto como funcionario desde 2017. La vicepresidenta aseguró que conoció la existencia de la investigación “por los periódicos”, al igual que el resto de la opinión pública.
Mientras avanzan las pesquisas, la principal incógnita pasa por determinar hasta qué punto las autorizaciones administrativas pudieron verse alteradas por intereses privados y qué responsables políticos o administrativos pudieron participar en el proceso
El caso ha puesto bajo escrutinio la gestión del Ministerio para la Transición Ecológica durante los últimos años, especialmente en la etapa en la que estuvo dirigido por la actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. La expansión acelerada de macroparques renovables en territorios como Aragón llevaba tiempo generando críticas de plataformas vecinales y organizaciones ecologistas, que denunciaban un modelo de implantación masiva y con escasa planificación territorial.
En ese contexto, también han surgido preguntas sobre la responsabilidad política de la cúpula del ministerio durante el periodo investigado. Entre los nombres señalados en el debate público figura el del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que formaba parte del equipo político encargado de supervisar el área ambiental cuando Domínguez ocupaba el puesto técnico desde el que se tramitaban las evaluaciones. Aunque hasta el momento no existe ninguna imputación judicial contra Morán, algunos partidos y colectivos territoriales han reclamado explicaciones sobre los mecanismos de control internos del ministerio.
Mientras avanzan las pesquisas, la principal incógnita pasa por determinar hasta qué punto las autorizaciones administrativas pudieron verse alteradas por intereses privados y qué responsables políticos o administrativos pudieron participar en el proceso. El escándalo amenaza con abrir una crisis política en torno a uno de los pilares de la política energética del Gobierno: el despliegue acelerado de renovables, cuyo desarrollo queda ahora bajo la sombra de posibles irregularidades en su tramitación.
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