Un Audi Q5, un piso junto al AVE y reuniones semanales con Forestalia: así actuaba "el hombre del PSOE" del Inaga

 Seis testigos ante la Guardia Civil revelan presiones, cambios de criterio y reuniones semanales entre el exdirector del Inaga y los directivos de Forestalia.

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Las declaraciones de seis testigos interrogados por la Guardia Civil han arrojado nueva luz sobre el caso Forestalia, la mayor trama de corrupción en materia de energías renovables investigada hasta ahora en Aragón.

Según recoge la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, estos funcionarios de la Administración autonómica y del Ministerio de Transición Ecológica describen con detalle cómo los investigados habrían trabajado sistemáticamente para favorecer la aprobación de proyectos vinculados a la empresa zaragozana, incluidos los más controvertidos, como los del Clúster del Maestrazgo.

En el centro del entramado aparecen dos nombres que la investigación ya había situado en el foco: Eugenio Domínguez, subdirector de Gestión Ambiental en el Ministerio, y Jesús Lobera, que dirigió el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) entre 2016 y 2023.

Junto a ellos, los testigos mencionan también a Santiago Martínez Patón, secretario personal de Domínguez, y a Andrés Medina, nombrado secretario general del Inaga por el propio Lobera. Ni Martínez Patón ni Medina están formalmente investigados en la causa.

Un director "puramente político" sin formación en renovables

Uno de los aspectos que más llama la atención en los testimonios es la forma en que el propio Lobera describía su cargo. Según declaró uno de sus subordinados ante la Guardia Civil, el exdirector hacía gala abiertamente de que su puesto en el Inaga era "puramente político" y se definía a sí mismo como un "hombre de partido" y un "hombre del PSOE".

Veterinario de profesión, llegó a la dirección del organismo tras haber ejercido como teniente de alcalde de Barbastro bajo las siglas socialistas, sin contar con formación especializada en energías renovables ni en gestión ambiental.

Esa condición política no era, según los testigos, un elemento menor. Los funcionarios del Inaga sostienen que Lobera se adjudicó a sí mismo la tramitación de varios expedientes de Forestalia que habían recibido informes negativos de los técnicos de la casa. Al margen del criterio de los especialistas, el exdirector habría reorientado esos informes para que las iniciativas salieran adelante.

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El mecanismo, según los investigadores del UCOMA —Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil—, seguiría una lógica similar a la detectada en el Ministerio: trasladar los proyectos con evaluación desfavorable a la empresa pública Tragsatec, vinculada al entorno de Domínguez, para que redactara informes con el sentido cambiado.

Reuniones semanales y llamadas desde la mesa

La descripción de la relación entre Lobera y los directivos de Forestalia es uno de los elementos más llamativos de los testimonios. Varios empleados del Inaga coinciden en señalar que el exdirector mantenía una relación estrecha con Fernando Samper, fundador y presidente de la empresa, y con Carlos Ontañón, directivo de Forestalia y ex director del Inaga durante el Gobierno de Marcelino Iglesias (PSOE-PAR). Según uno de los testigos, Lobera "se reunía semanalmente para comer" con los responsables de la empresa, extremo que habría confirmado incluso el conductor oficial del exdirector.

El testimonio de otra trabajadora del Inaga va más allá. Relata que era «tal el descaro» que en una ocasión recibió una llamada directa de Lobera en la que este le comentó abiertamente que estaba comiendo «con los de Forestalia» y aprovechó la conversación para preguntarle sobre un expediente concreto.

La misma empleada describe además una reunión en el despacho de Lobera en la que Ontañón y Luis Marruedo —exalto cargo del PAR en el Gobierno de Aragón y también directivo en Forestalia— presentaron el proyecto del Clúster del Maestrazgo. Los dos directivos pretendían tramitar la iniciativa en 22 parques de 50 megavatios cada uno, una fragmentación que para el empleado del Inaga presente en la reunión constituía "un fraccionamiento evidente" con el que esquivar los umbrales de evaluación ambiental más exigentes.

El nivel de vida de Lobera y Medina, bajo la lupa

Los funcionarios interrogados también deslizaron ante la Guardia Civil sus observaciones sobre el nivel de vida de algunos de los investigados. Del propio Lobera, una de las testigos del Inaga relató que «cambiaba varias veces de coche particular», siempre de alta gama —menciona específicamente un Audi Q5—, y que lo hacía pese a tener asignado vehículo oficial y conductor del Gobierno de Aragón. De Andrés Medina, el secretario general que Lobera designó para el Inaga, la misma fuente señaló que "adquirió un piso en la torre situada al lado de la estación del AVE de Zaragoza", la intermodal, descrita como «una vivienda muy cara de alto standing».

La investigación de los agentes del UCOMA contempla la posibilidad de que tanto Lobera como otros cargos del organismo ambiental aragonés se hubieran beneficiado económicamente de su actuación en favor de Forestalia, aunque de momento los indicios sobre enriquecimiento personal tienen, en la causa, un peso secundario frente a las sospechas de manipulación de expedientes.

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El brazo ministerial: Domínguez y las comisiones millonarias

El modus operandi atribuido a Lobera guarda un notable paralelismo con el que la Guardia Civil describe para Eugenio Domínguez en el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera. Los investigadores definen al que fuera responsable de Evaluación de Medio Ambiente como la "figura central" de la trama corrupta y lo vinculan con el cobro de comisiones millonarias a cambio de favorecer la adjudicación de licencias para parques eólicos y fotovoltaicos en Aragón.

Para canalizar esos fondos sin dejar rastro directo, la Guardia Civil sospecha que Domínguez se habría servido de un complejo entramado de sociedades.

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El pivote de ese esquema sería un protocolo notarial por el que la mercantil CEMSAL S.L. ejecutó un préstamo a favor de Babieca Investment SL por valor de 5,2 millones de euros. Dado que Domínguez y su mujer ostentaban participaciones en otras dos sociedades que, a su vez, eran propietarias de Babieca Investment, el UCOMA sostiene que esa operación supuso un incremento directo del patrimonio familiar del exalto cargo.

En paralelo, los investigadores detectaron que los investigados habrían alargado deliberadamente los plazos entre los diferentes trámites administrativos, con el objetivo de dar tiempo a los promotores privados a vender los proyectos "a terceros" antes de que las resoluciones fueran firmes.

Un caso que sigue abierto en Teruel

La instrucción del caso Forestalia avanza en el Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel, que acumula una causa de considerable complejidad técnica y documental. Las declaraciones de los seis testigos ahora conocidas se suman a los indicios recogidos en las diligencias previas y refuerzan la tesis de la Guardia Civil sobre la existencia de una red organizada para beneficiar a la empresa zaragozana, con ramificaciones tanto en la administración autonómica como en la central. La investigación continúa abierta, y no se descarta la incorporación de nuevos investigados a medida que avance el análisis de los expedientes administrativos afectados.