Reclama iniciar un nuevo PORN para Anayet, Partacua y Canal Roya conforme a la legislación vigente

La Sociedad Aragonesa de Protección a los Animales y Plantas (SAPAP) ha presentado una queja formal ante el Justicia de Aragón para denunciar la falta de respuesta del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón a su solicitud de iniciar un nuevo Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) en el ámbito de Anayet, la Sierra de la Partacua y la Canal Roya. La petición fue registrada el 13 de noviembre de 2025 y, transcurridos dos meses, la entidad asegura no haber recibido contestación alguna por parte de la administración autonómica.

En el escrito dirigido al Justicia de Aragón, firmado por el presidente de la SAPAP, Luis Antonio Sin Buil, la asociación recuerda que la propuesta presentada es de carácter propositivo y se apoya en la propia normativa autonómica de protección ambiental. La entidad subraya que el territorio afectado cuenta con valores naturales ampliamente reconocidos por la administración, hasta el punto de que en 2006 el Gobierno de Aragón inició formalmente el procedimiento para la aprobación del PORN de Anayet-Partacua mediante el correspondiente decreto, creando incluso un consejo consultivo y de participación.

Aquel proceso no llegó a culminarse y fue objeto de un contencioso administrativo promovido por la propia SAPAP. La sentencia declaró caducado el procedimiento, pero, según destaca la asociación, se limitó a analizar la vigencia temporal del PORN, sin entrar a considerar ni los valores ambientales del territorio ni la conveniencia de su protección. En este sentido, el escrito recalca que nada impide a la administración iniciar de nuevo el procedimiento para dotar a la zona de la máxima figura de protección jurídica prevista en la legislación autonómica.

La SAPAP fundamenta su reclamación en el artículo 30 del texto refundido de la Ley de Espacios Protegidos de Aragón, relativo a la denominada “protección preventiva”. Dicho precepto establece la obligación de iniciar de inmediato la elaboración de un plan de ordenación de los recursos naturales cuando concurran dos circunstancias: la existencia de una zona bien conservada y la presencia de factores de perturbación que puedan amenazar su estado. Según la asociación, ambas condiciones se dan actualmente en el entorno de Anayet, la Partacua y Canal Roya.

En apoyo a este argumento, el documento señala las numerosas denuncias tramitadas durante el verano de 2025 por agentes de protección de la naturaleza y por la Guardia Civil debido a acampadas e infracciones en terrenos de elevada fragilidad ambiental, algunos de ellos ya incluidos en figuras de protección, como ocurre con las turberas del Anayet. La SAPAP considera que estos episodios evidencian un factor de perturbación real vinculado a la masificación y al uso inadecuado del territorio.

El escrito incorpora también un contexto más amplio sobre la situación de la protección ambiental en Aragón. Según los datos aportados, la comunidad cuenta únicamente con cuatro parques naturales —Sierra y Cañones de Guara, Moncayo, Posets-Maladeta y Los Valles Occidentales—, lo que la sitúa entre las regiones con menor número de espacios protegidos. Además, apenas el 3,5 % del territorio aragonés cuenta con algún tipo de protección, porcentaje que sitúa a Aragón en los últimos puestos a nivel estatal.

La asociación vincula esta situación con los compromisos asumidos en el marco del Pacto Verde Europeo y de la Estrategia de la Unión Europea sobre Biodiversidad para 2030, que fijan como objetivo proteger al menos el 30% de la superficie terrestre y otorgar protección estricta al 10%. A juicio de la SAPAP, Aragón no cumple actualmente estos objetivos y no puede ampararse en la protección de otras comunidades para eludir su parte de responsabilidad.

Apertura de expediente por parte del Justicia

Tras la presentación de la queja, el Justicia de Aragón ha comunicado a la entidad la apertura de un expediente para analizar la solicitud. En una carta fechada el 14 de enero de 2026, la institución confirma la recepción de la petición, agradece la confianza depositada y señala que el asunto se encuentra en fase de estudio para ofrecer una respuesta a la mayor brevedad posible. El Justicia recuerda, no obstante, que la presentación de la queja no suspende la ejecución de resoluciones administrativas ni interrumpe los plazos legales establecidos.

Desde la SAPAP insisten en que su iniciativa no persigue otro objetivo que reforzar la protección jurídica de un territorio de alta montaña cuyos valores ambientales han sido reconocidos reiteradamente por la propia administración, y reclaman tanto el inicio de un nuevo PORN como una respuesta expresa del Gobierno de Aragón a las solicitudes registradas.