Las pesquisas se centran “en posibles delitos cometidos en Aragón por multinacionales de la energía, que engordarían sus bolsillos a costa de ocultar datos y matar a nuestra fauna”
Desde ANSAR explican que “cuando todavía resuenan las noticias sobre presunta corrupción que afecta a la empresa Forestalia, al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y al propio Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITERD) sobre la autorización de renovables”, hay otra investigación, en este caso del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil “en relación con posibles delitos cometidos por multinacionales de la energía en Aragón que engordarían sus bolsillos a costa de ocultar datos y matar a nuestra fauna”, y esto sucede “ante la continuada inacción de las administraciones encargadas de vigilar esa actividad privada”.
Diferentes organizaciones conservacionistas llevan años denunciando la muerte de especies catalogadas “y las malas prácticas de algunos promotores en centrales eólicas” que incumplen los protocolos del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Transición Ecológica relativos a aerogeneradores que causan siniestralidad, “denominados conflictivos”.
En marzo de 2023 desde el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón se dictó el ‘Protocolo de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal en relación a la adopción de medidas adicionales de protección en los casos de aerogeneradores conflictivos para la fauna en parques eólicos de Aragón’ el cual se iniciaba tipificando “el presente protocolo toma como referencia el protocolo de parada de aerogeneradores conflictivos promovido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”. Se trata de un protocolo técnico de parada del funcionamiento de aerogeneradores en el caso de que se identifiquen colisiones con especies de fauna (aves y quirópteros), en el que se establecen los criterios, situaciones y prescripciones a aplicar con el objetivo de identificar y mitigar dicho impacto en los aerogeneradores más peligrosos.
¿Se cumplen los protocolos de protección de la fauna frente a los aerogeneradores?
Dicho protocolo, según los datos de campo propios recabados por ANSAR y datos del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de L’Alfranca “no se estaría cumpliendo, ni por parte del MITERD ni tampoco por el Gobierno de Aragón”.
“Nuestra asociación, haciendo un balance de la siniestralidad en varias centrales eólicas, notificó muertes de especies protegidas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Zaragoza la cual, incomprensiblemente, archivó las denuncias justificando la decisión en la explicación dada por el Gobierno de Aragón, el cual manifestaba la normalidad en la explotación de las instalaciones. A nuestro juicio, era insuficiente que se diera por buena la respuesta de la administración sin el criterio de otros organismos de control”, subrayan desde la entidad naturalista.
Ante el archivo de estas primeras diligencias, ANSAR consultó “a técnicos del ámbito jurídico y medioambiental que confirmaron la gravedad de los datos de mortalidad”. Por ello, la entidad “lejos de tirar la toalla, con datos concretos de una central eólica contradijo la versión del propio Gobierno de Aragón apoyándose en los datos oficiales de muertes en un mismo aerogenerador de, al menos, dos ejemplares de milano real, una especie en peligro de extinción, un aerogenerador que debería de haber estado parado según el protocolo”. Esto demostraba que el protocolo “no se estaba cumpliendo y se comunicó el hecho a Fiscalía, la cual reabrió el expediente archivado y solicitó al Seprona una investigación sobre los hechos notificados”.
A juicio de ANSAR, tanto el gobierno del Estado español, como en nuestro país la DGA “o también las fiscalías, deberían valorar más los efectos negativos que las centrales eólicas causan al medio ambiente con la muerte de fauna, en muchos casos especies protegidas y en peligro de extinción”.
¿Quién se hace cargo de los daños a la fauna?
La importancia del daño que ocasionan al medio ambiente y a la biodiversidad queda en evidencia cuando se hace una valoración económica del importe que correspondería aplicar si se cuantifica el coste de la cría en cautividad y suelta en la naturaleza de un ejemplar de una especie protegida. O si se valora la pérdida de servicios ecosistémicos, que es el valor que una especie aporta al ecosistema como puede ser el caso de aves rapaces que controlan plagas de conejos, topillos, etc. Todo ello se plasma en una cifras por el coste de cada ejemplar muerto en una central eólica y que debería correr a cargo de las empresas promotoras y explotadoras de la instalación.
“Imaginemos un murciélago, que se alimenta sólo de insectos, la muerte de ejemplares puede ocasionar graves afecciones al medio ambiente, sobre todo en el tema de insectos plaga en los cultivos o de riesgos en la salud de personas y ganado, ya que los ejemplares muertos dejan de consumir insectos que podrían trasmitir enfermedades. La valoración que puede corresponder a la muerte de un solo ejemplar es de miles de euros. Y perecen cientos de ellos en aerogeneradores”, destacan desde ANSAR.
“En el caso de los buitres leonados, que son las aves que más están muriendo en las centrales eólicas, los datos de 2024 son alarmantes: 380 buitres leonados murieron en aerogeneradores en Aragón. Si cada ejemplar puede ser valorado en varios miles de euros, la cifra total que deberían de pagar las empresas eólicas por ocasionar la muerte de esta especie podría alcanzar millones de euros”, enfatizan.
Incidiendo de nuevo “en los servicios ecosistémicos, podemos fijarnos en los conejos que causan serios daños en cultivos en algunas comarcas de Aragón. El beneficio que ejercen las grandes rapaces en el control de este animal es muy importante y estas aves -águilas reales, calzadas, perdiceras- suman cientos de bajas en las centrales eólicas. Igualmente en el caso de rapaces menores que controlan las poblaciones de langostas. La situación es más grave de lo que aparenta. La desaparición de las rapaces sería un factor del aumento de los daños en los cultivos”, advierten desde ANSAR.
“Estamos en un escenario en el que, por una parte, el protocolo de activación de parada temporal de aerogeneradores conflictivos -que implica no obtener ingresos de las máquinas paradas- entendemos que no se cumple con rigor, siendo además un protocolo muy poco exigente a nuestro juicio, fácilmente evadible y que sólo afecta a las centrales más modernas, pues las más antiguas carecen de cualquier vigilancia ambiental, y, por otra parte, estamos ante en una nula valoración económica de las bajas que causan los aerogeneradores. Por lo tanto los promotores eólicos obtienen pingües beneficios a costa del patrimonio natural”, aseguran desde la entidad naturalista.
Además, desde ANSAR subrayan que “el hecho de que sean las mismas empresas promotoras que hacen los estudios de impacto ambiental las que también hagan los seguimientos de mortalidad, no es garantía de imparcialidad. Las convierte en juez y parte, y creemos, viendo las anomalías que rodean a las empresas de este sector, que se trata de un sistema de control viciado. Dado que la administración no cuenta con medios para hacer un seguimiento eficiente y cuando caduque la obligatoriedad de la vigilancia ambiental de centrales eólicas, ya no morirán más animales”.
“Sencillamente no habrá nadie para comprobarlo, para relatarlo, y cuando el narrador desaparece de un escenario, solo queda el silencio. El silencio de unas especies protegidas que ya solo volarán en el recuerdo”, concluyen desde ANSAR.
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